ABROGAR

 Esta semana se han celebrado en España numerosos actos conmemorativos del 39 aniversario de la proclamación de la Constitución Española de 1978, actualmente en vigor. Conocida también como Ley Fundamental o Carta Magna ha servido a lo largo de estos años para mantener un complicado equilibrio entre todos los españoles que últimamente se ha visto profundamente alterado por algunos hechos de calado como los procesos secesionistas en una comunidad autónoma o el asunto de las concesiones en materia económica a otra.

Hay que tener en cuenta que muchos de los españoles que viven bajo sus disposiciones ni siquiera habían nacido cuando se promulgó. Por otro lado, las condiciones sociales cambian hoy en día a un ritmo vertiginoso con lo que no pudieron ser contempladas en su día y cuesta un cierto trabajo encajarlas. Por estos y otros motivos, parece que hay un cierto consenso generalizado entre la sociedad española de que hay que cambiar la Constitución, se entiende que para mejorarla, claro está. Bajo presiones de la Comunidad Económica Europea por asuntos económicos se modificó el artículo 135 de forma exprés, de la noche a la mañana, casi sin que nos enterásemos.

Ya hace años se produjo una situación similar en la que otra comunidad autónoma llevó adelante con mucha fuerza su posible separación del conjunto de España. Tras muchos dimes y diretes, la cosa no llegó a mayores porque en el último momento, cuando las cosas se empezaban a poner demasiado tirantes, imperó la cordura y se paró el asunto. Pero en ese momento había que haber tomado buena nota y empezar a poner, de forma pausada y tranquila, las correcciones necesarias para que no se volvieran a producir estos escarceos. No se hizo y el resultado es que se han producido de nuevo en otra comunidad autónoma y con una virulencia que todavía no ha finalizado y que veremos por donde transita.

Después de 39 años parece que ya toca adaptar la Constitución a la realidad y quizá pensar en que a partir de ahora estos cambios se produzcan de forma paulatina para irla adecuando a la realidad que como ya he mencionado es muy cambiante. Cuando se aprecian los primeros síntomas de una enfermedad es cuando hay que tratarla, no limitarse a los más significativos, sino aprovechar para hacer una revisión en profundidad.

Hay muchos temas que preocupan a los españoles, unos más a algunos y otros menos a otros. Pero hay cosas que no gustan en la actualidad y que habría que hablar de ellas para tratar de llegar a un consenso que se presume muy difícil, porque las condiciones actuales no son las mismas que tuvieron los llamados Padres de la Constitución al elaborarla, recién salidos de cuarenta años de dictadura y con más de una espada de Damocles sobre sus cabezas por determinados estamentos sociales que seguían en activo y sin muchas ganas de cambiar el sistema.

Visto lo visto, parece que el cambio más urgente es la reordenación de la organización territorial. Aquel «café para todos» que imperó en la Transición no ha tenido buenos resultados con el paso de los años. Pero no por ser el más urgente debe ser el único que se acometa. Hay ciertos aspectos de la vida nacional que han quedado tocados seriamente y que podrían llevar a plantear una recentralización de los mismos, en la creencia por parte de muchos de que no deberían haberse cedido ciertas competencias. Los graves hechos acaecidos en Cataluña entre fuerzas de seguridad del estado «centrales» y «autonómicas» son un ejemplo que evidencia el problema. Por no hablar de asuntos como la educación o la sanidad. Hay cosas que, en mi opinión, no pueden repartirse como si fueran chocolatinas porque conducen a situaciones de clara diferenciación entre ciudadanos. No quiero hablar de la educación, que daría para mucho, pero sí de que no es de recibo que un español de Madrid por ejemplo tenga problemas para obtener medicamentos en Cantabria por los diferentes tratamientos que ambas comunidades realizan a sus gestiones en esta materia.

En todo caso, la realidad del día a día se impone y la Constitución, como cualquier ley, debe ser consecuentemente adaptada a la realidad. Lo básico en la vida de un ciudadano, su vivienda, su trabajo, su educación o su sanidad son cuestiones de las que se habla en la Constitución como derechos pero que no se han desarrollado ni se perciben como solucionados con la suficiente rotundidad. Y es que cuando una persona tiene todas esas cuestiones básicas cubiertas, ya puede pensar en hacerse del Madrid, del Atleti o del Barcelona.

Las leyes no son eternas ni inmutables. Nacen, tienen su recorrido y son derogadas ─abrogadas─ siendo sustituidas por otras. Es ley de vida. La primera constitución española, la «Pepa», aprobada el 19 de marzo de 1812 no sigue vigente hoy en día. Aun sumiendo por parte de todos que los cambios son necesarios, a nadie se le escapa que es un reto extremadamente complicado. Se necesita una reforma en profundidad, valiente, creativa. ¿Quién o quienes la llevan adelante? En una primera aproximación parece que sería la (desprestigiada) clase política de nuestro país la encargada de acometer estos cambios. No me parece que sean los más adecuados, cuando a lo largo de estos casi cuarenta años los dos partidos políticos que nos han gobernado de forma alternativa han hecho de su capa un sayo y los emergentes en los últimos años están dando unos tumbos que asustan al más pintado.

Llevamos años mirando para otro lado y no haciendo caso a las señales que la vida actual nos va brindando. Y no es cuestión de tapar la herida con un poco de mercromina y un esparadrapo dando un tratamiento (insolidario) especial en materia económica a una comunidad en detrimento de otras. Eso ha quedado demostrado que es pan para hoy y problemas para mañana.

Así pues… ¿Quién pone el cascabel al gato?